La remuneración de los administradores sociales en España según la Ley de Sociedad de Capital

Los administradores sociales, pueden desempeñar su cargo sin percibir una remuneración por el ejercicio de sus funciones, en este caso el cargo de administrador será gratuito. Por el contrario, podrán recibir una compensación económica por el desempeño de sus funciones, pasando el cargo a ser remunerado.

Este segundo supuesto se ha convertido en una cuestión espinosa dentro de nuestra área de practica.  Especialmente, la controversia se centra en lo dispuesto en los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”). Estos artículos han sido reformulados con la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno corporativo.

El nuevo articulo 217, mantiene la obligación de incluir en los estatutos el carácter remunerado del cargo de los administradores, así como indicar los conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales. Por otro lado, la junta general será quien decida el importe máximo a percibir por el conjunto de administradores y que este deberá fijarse atendiendo a la importancia de la sociedad, la situación económica y los estándares de mercado.

La nueva redacción del artículo 249 LSC, es la que lleva a la controversia. Establece que cuando el consejo de administración nombre a un consejero delegado o ejecutivo, se ha de celebrar un contrato entre este y la sociedad. Este contrato, dispone el apartado cuarto, detallará el sistema de retribución del consejero y excluye las retribuciones percibidas que no estén previstas en el mismo. De este modo, mientras que el artículo 217 LSC se refiere a la remuneración de los consejeros o administradores como tales, el artículo 249 LSC hace referencia a la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos, y en consecuencia se han estado aplicando distintos criterios por parte de los órganos autorizados.

Finalmente, el Tribunal Supremo en su sentencia 98/2018 de 26 de Febrero de 2018 sobre la remuneración de los administradores, considera que la regulación del artículo 217 LSC no se limita a los administradores “en su condición de tales”. También cubre a los consejeros delegados o ejecutivos, de tal manera que la remuneración de estos últimos no estaría cubierta exclusivamente por el artículo 249 LSC. El Tribunal Supremo justifica su postura, con lo recogido en el apartado VI del preámbulo de la Ley 31/2014, en el que se recoge que la ley obliga a que los estatutos sociales establezcan el sistema de remuneración de los administradores y, señala, “con especial referencia al régimen retributivo de los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas”.

En consecuencia, el sistema de fijación de la retribución de los consejeros delegados o consejeros ejecutivos, tras la reforma de la LSC, esta estructurado en tres niveles:

  • En  primer nivel están los estatutos sociales
  • En el segundo nivel está el importe máximo de la remuneración establecido por la junta general
  • En el tercer nivel, están las decisiones de los administradores, a quienes corresponde la distribución de la retribución entre ellos

Por lo tanto, si el cargo de administrador es retribuido, los estatutos sociales tienen que recoger el sistema de retribución de todos los administradores y la retribución del consejero delegado o ejecutivo tiene que ajustarse, además de al contrato previsto por el artículo 249 LSC, al límite máximo fijado por la junta general.

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